Desalojo exprés: el proyecto consiguió despacho favorable en la Legislatura
La iniciativa del Diputado oficialista Edgardo Reguera permitiría desalojar a un inquilino en unos diez días, mientras el juicio sigue abierto, y no prevé resguardos para familias con chicos o adultos mayores.
La Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad de la Legislatura dio despacho favorable este miércoles al proyecto de «desalojo exprés», que permitiría sacar a un inquilino que no paga, o a quien ocupa una propiedad sin derecho, en unos diez días y sin esperar el final del juicio.
El despacho es la recomendación de la comisión para que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto. La iniciativa es del Diputado Edgardo Reguera, del interbloque Chaco Puede, que responde al Gobernador Leandro Zdero.
Hoy, cuando un inquilino deja de pagar o no se va al terminar el contrato, el dueño tiene que iniciarle un juicio de desalojo. Ese juicio termina con la sentencia, la decisión final del juez sobre si la persona tiene que irse, y según Reguera puede durar meses o años.
El Código Procesal Civil y Comercial ya permite que el juez ordene la entrega antes de la sentencia, pero con condiciones: que el inquilino haya contestado la demanda y que el dueño deje una garantía con bienes. El proyecto reemplaza ese artículo y deja de pedir la garantía.
Con la reforma, el dueño podrá pedir la devolución en cualquier momento del juicio si presenta el título o el contrato y demuestra que la espera le causa un perjuicio grave. El juez tendrá cinco días hábiles para resolver y, si dice que sí, el desalojo se hará en otros cinco.
El juicio sigue después, con la persona ya fuera de la casa. Si al final el juez le da la razón, recupera el inmueble y cobra un resarcimiento por los daños.
Para concretar el desalojo, el juez podrá pedir la ayuda de la Policía, ordenar allanamientos y habilitar fines de semana y feriados. En los alquileres impagos o con contrato vencido, el dueño primero tiene que hacerle un reclamo formal al inquilino.
Reguera sostiene que crecieron los conflictos por ocupaciones y alquileres impagos, aunque no aporta cifras. Su proyecto sigue la línea de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Javier Milei, que el Senado de la Nación aprobó en agosto.
El punto más discutido es el orden: primero se desaloja y después se decide quién tiene razón. Reguera asegura que el derecho de defensa queda a salvo, pero seguir siendo parte de un juicio no es lo mismo que poder sostenerlo después de haber perdido la vivienda.
El texto tampoco menciona a familias con chicos, personas mayores o con discapacidad, ni prevé alternativas habitacionales para quienes tengan que irse. La versión nacional que aprobó el Senado sí incluye resguardos para personas vulnerables.
Con el despacho, el proyecto queda en condiciones de ser votado en el recinto. En el temario de la reunión figuraba entre los asuntos con preferencia para la próxima sesión.