Diputados aprobó la ley que reemplaza la emergencia en discapacidad
Salió con 237 votos, después de que el oficialismo aceptara todos los cambios que pidió el bloque Argentina Federal. Ahora tiene que pasar por el Senado.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de la nueva ley de discapacidad, que reemplaza la emergencia vigente por un régimen permanente. Salió con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, y ahora lo tiene que tratar el Senado.
La iniciativa, llamada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, la presentó el oficialismo. Llegó a la votación con el apoyo de casi todos los bloques, después de varias horas de negociación en una sesión que arrancó el miércoles al mediodía.
El acuerdo se cerró en el recinto, cuando el Diputado Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal, leyó los cambios que pedía su espacio y advirtió que sin ellos no iban a acompañar. El oficialismo los aceptó a todos.
La emergencia rige por la Ley 27.793, que el Congreso sostuvo en 2025 por encima del veto del Presidente Javier Milei, y vence el 31 de diciembre de 2026.La oposición había arrancado con otro proyecto: prorrogarla un año más, hasta fines de 2027.
Qué incluye el proyecto
El texto toma como base las prestaciones y la cobertura de la ley de emergencia, pero sin su carácter transitorio. Mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual de las prestaciones por inflación y las pensiones no contributivas equivalentes al 70% de la jubilación mínima.
Con los cambios de Argentina Federal, la pensión no contributiva será compatible con el empleo formal y con la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad. También se garantiza el programa Incluir Salud y las partidas para financiar el sistema quedan fijadas en la propia ley.
Además, las pensiones se tendrán que otorgar con criterios claros, sin quedar a discreción del Poder Ejecutivo. Se ponen límites a las bajas por auditorías y se fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia para pagar las deudas con los prestadores.
La Diputada neuquina Karina Maureira, de La Neuquinidad, defendió el texto aunque admitió que es perfectible. Para ella, lo nuevo es que deja atrás la lógica de la emergencia, que no se puede sostener en un área tan sensible.
Las críticas
Unión por la Patria (UP), que impulsaba la prórroga, terminó acompañando. El Diputado Juan Marino explicó que no tenían los votos para extender la emergencia y que, después de hablar con las organizaciones, buscaron que el texto trajera «mejoras y no regresiones».
Desde ese bloque advirtieron que varios de esos puntos chocan con el Presupuesto 2027 que envió el Gobierno nacional. La Diputada Victoria Tolosa Paz dijo que si el Presupuesto se aprueba como está, la ley puede quedar sin efecto, y señaló que sus artículos 36 a 41 contradicen lo votado.
Desde la Coalición Cívica, el Diputado Maximiliano Ferraro aseguró que su bloque va a seguir de cerca la situación de las personas con discapacidad, a las que consideró perjudicadas por la falta de responsabilidad del Gobierno.
Los 9 votos en contra fueron de diputados de Córdoba y de la mendocina Lourdes Arrieta. Reclamaban prorrogar la emergencia y cuestionaron que no se convocara a las organizaciones al debate.
El Frente de Izquierda se abstuvo. Desde ese espacio, el Diputado Nicolás del Caño sostuvo que las prestaciones se están pagando un 40% por debajo de lo que fija la ley de emergencia. Las organizaciones del sector advierten que hay 324.303 pedidos de pensión sin resolver y un atraso del 30,67% en los aranceles.
La Diputada cordobesa Natalia de la Sota vinculó el cambio de postura del oficialismo con la visita del Papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Según trascendió, en la negociación también intervinieron gobernadores y sectores de la Iglesia.
El proyecto ahora pasa al Senado. Mientras no se convierta en ley, sigue vigente la emergencia, que vence el 31 de diciembre.