Enseñar en tiempos difíciles, la otra cara del Día del Profesor
Mientras el país celebra a sus docentes, en Chaco la fecha llega atravesada por el reclamo salarial y la cláusula gatillo sin resolver, en paralelo a un conflicto universitario nacional que se profundiza por el Presupuesto 2027.
Hoy es un día para el reconocimiento, pero también una oportunidad para mirar de frente la realidad detrás del aula. En Chaco, las y los profesores llegan a su fecha con un fuerte atraso salarial y un descontento que no cede.
Distintos relevamientos ubican a la provincia entre las de menor recomposición salarial interanual del país. Los gremios estiman que la pérdida real frente a la inflación supera el 35%, un dato que explica buena parte del malestar del sector.
El eje del conflicto es la cláusula gatillo, el mecanismo que actualizaba automáticamente el salario docente según la inflación. El Gobierno provincial dejó de aplicarlo en julio de 2025, alegando dificultades financieras.
Desde entonces, Federación SITECH judicializó el reclamo. La Cámara Laboral falló a favor del gremio, pero el Superior Tribunal de Justicia resolvió en marzo que la Justicia no puede imponer directamente el mecanismo automático, aunque sí ordenó al Ejecutivo garantizar la recomposición salarial «con carácter urgente».
El fallo no cerró el conflicto. El 10 de septiembre, el Frente Gremial Docente, integrado por ATECH, SITECH, SADOP, UTRE y otros gremios, volvió a movilizarse en las plazas de toda la provincia, sumando reclamos por sumas no remunerativas adeudadas y por las deficiencias en las prestaciones de INSSSEP.
El malestar tampoco es exclusivo del Chaco ni del nivel secundario. En la UNNE, los gremios docentes calificaron de «provocación» la última oferta salarial del 3% del Gobierno nacional, mientras que en la UNCAUS denuncian una pérdida salarial de entre el 28% y el 30%. Ambas casas de estudio adhirieron a los paros convocados por CONADU durante las últimas semanas, en rechazo al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
A ese reclamo se sumó esta semana un nuevo capítulo: el Gobierno nacional envió al Congreso el Presupuesto 2027 con $7,3 billones para las universidades públicas, un 33% menos de los $11 billones que pidió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar su funcionamiento.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que sin cambios en el Congreso «vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene». El Ejecutivo, por su parte, sostiene que los aumentos otorgados este año ya están en línea con lo que exige la Justicia. De no destrabarse la negociación, el escenario podría desembocar en una nueva marcha federal universitaria en los primeros días de octubre.
A esto se suma un dato que interpela a todo el sistema educativo argentino: un relevamiento nacional reciente señaló que más de la mitad de los docentes menores de 25 años trabaja como suplente, y que buena parte del sector recién logra estabilidad laboral después de los 40 años.
Reconocer a las y los profesores no puede reducirse a un saludo protocolar. Implica también nombrar las condiciones en las que enseñan: salarios atrasados, litigios judiciales interminables y un sistema universitario que discute, otra vez, si va a tener presupuesto para funcionar.