Judiciales se oponen a la «ley de desenganche»: el paro sigue este viernes
El proyecto crea un aumento exclusivo para Magistrados y Funcionarios. Según datos oficiales, en la primera jornada adhirió el 12% del personal.
Los trabajadores judiciales del Chaco dejaron sus puestos este jueves 24 desde las 10.30hs y se concentraron frente al edificio judicial de avenida Sarmiento 839, en Resistencia, en rechazo al Proyecto de Ley 2141/26, que crea un aumento exclusivo para Magistrados y Funcionarios.
Este viernes 25, la medida sigue con un paro sin asistencia en todas las circunscripciones. Según informes oficiales, en la primera jornada adhirió el 12% del personal: 494 de los 4.240 trabajadores judiciales. En Resistencia se plegaron 300 de los 2.426 empleados.
El Secretario General de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (UTJCh), Walter Horacio Bernard, tuvo otra lectura: durante la concentración calificó el paro como contundente y aseguró que la medida del viernes también lo será.
Bernard también apuntó contra los legisladores que ya anticipan su voto. Mencionó a la Diputada Zulema Wannesson y a los Diputados Jorge Gómez y Edgardo Reguera, y remarcó que los tres son abogados. Según planteó, por eso también son responsables de que hoy la Justicia no esté funcionando.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ya había advertido que descontará los días no trabajados, en el punto tercero del acuerdo 3.846. Frente a eso, la referente gremial Graciela Aranda aseguró que están dispuestos a aceptar el descuento, incluso quienes hoy están de licencia.
«Aún con licencia estamos dispuestos», sostuvo Aranda, y remarcó que lo que defienden es su condición de trabajadores y la vigencia de la ley de enganche. La Delegada Natalia Simon, en tanto, consideró que el anuncio anticipado de los descuentos funciona como una medida de presión sobre los empleados.
Qué propone el proyecto
La iniciativa fue enviada a la Legislatura por el Gobernador Leandro Zdero bajo el nombre de «Garantía de Intangibilidad Remunerativa para Magistrados y Funcionarios». Crea un concepto salarial exclusivo para ese sector, con el objetivo de igualar sus sueldos con la media de Corrientes, Formosa y Misiones.
La equiparación se haría en cuatro semestres: primero se llegaría al 85% de esa media regional, luego al 90%, después al 95% y finalmente al 100%.
El esquema surgió de una audiencia realizada el 11 de abril de 2025 en el marco del amparo colectivo «Alonso de Martina y otros», con la participación del Poder Ejecutivo, la Fiscalía de Estado y el Poder Judicial. Los gremios denuncian que fueron excluidos de esa instancia.
Desde el Gobierno provincial, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, defendió el proyecto a principios de septiembre. Sostuvo que la iniciativa apunta a cumplir con una sentencia firme y que no deroga la ley de enganche, que según afirmó sigue vigente.
En la misma línea, Reguera, del bloque oficialista Chaco Puede, sostuvo que el Ejecutivo solo cumple con un fallo firme de la Corte Suprema y lo definió como una herencia del gobierno anterior. Esta semana, además, rechazó las medidas de fuerza y pidió prudencia.
Los gremios no lo ven así. El centro de su reclamo es la Ley 468-A, que calcula el sueldo de todo el personal judicial como un porcentaje del salario de un Juez del STJ. Como el nuevo adicional no se traslada al resto de la planta, sostienen que se rompe ese sistema, conocido como «enganche».
El Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCh), la UTJCh y el Sindicato del Personal Jerárquico y Jerarquizados presentaron el 16 de septiembre una objeción formal por inconstitucionalidad ante la Presidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Noemí Delgado.
Advierten que, si la ley se aprueba como está, los sueldos de los empleados quedarían prácticamente congelados frente a la inflación. Además, señalan que los beneficiarios del adicional actuaron como «jueces y parte» al validarlo, lo que a su entender implica un riesgo de prevaricato.
También cuestionan que se los haya excluido de las mesas de revisión salarial, algo que, según plantean, contradice tratados internacionales y los fallos «ATE» y «Rossi» de la Corte Suprema.
No es la primera medida de fuerza contra la iniciativa. El viernes 18 de septiembre, la Asociación Judicial del Chaco realizó por su cuenta un paro de 24 horas con guardias mínimas, en defensa de las Leyes 3424-A y 468-A.
Como antecedente, los gremios recuerdan la causa Müller. En 1991, el Ejecutivo provincial otorgó a los jueces un aumento por la Resolución 858/91 que no se trasladó al resto del personal, pese a que la ley de enganche lo exigía.
Hubo unas 1200 demandas, pero la única que prosperó fue la de Gustavo Adolfo Müller. En 2009, un tribunal ad hoc declaró ilegal aquella resolución por violar el régimen de porcentualidad, y en 2010 la Corte Suprema rechazó el recurso de la Provincia.
Según explicaron entonces los gremios, la sentencia implicaba que cada trabajador de oficial mayor para abajo debía cobrar un 113% más de salario desde 1991. Para afrontar esa deuda, en 2016 el gobierno de Domingo Peppo emitió 250 millones de dólares en bonos internacionales.
Esa deuda fue refinanciada más tarde y la Provincia todavía la sigue pagando: restan dos cuotas de 40 millones de dólares, una en febrero y la última en agosto de 2027.
Lo que cobran los Ministros del STJ
De acuerdo con los recibos de sueldo de agosto de 2026, publicados en el sitio oficial del Poder Judicial, el Presidente del STJ, Néstor Enrique Varela, cobró $8.085.585,71 netos, un 9,4% más que en mayo.
Le siguen Emilia María Valle, con $7.616.938,88; Iride Isabel Grillo, con $7.606.221,49; Víctor Emilio Del Río, con $7.602.340,85, y Alberto Mario Modi, con $7.323.531,87. Entre mayo y agosto, los aumentos netos fueron de entre el 8,7% y el 11,5%.
El sueldo básico es de $220.152. La mayor parte de los haberes, que en el caso de la Presidencia superan los $10 millones brutos, se explica por el ítem «Ajuste por Revisión», que representa entre el 72% y el 74% del total.
A eso se suman los viáticos: $560.000 por día para viajes fuera de la provincia y $280.000 diarios dentro del territorio chaqueño. Como referencia, el sueldo de un Ministro del STJ equivale a entre 17 y 19 jubilaciones mínimas, fijadas en $428.633 para septiembre.
Mientras tanto, la Intergremial reclama el rechazo y archivo del proyecto, la preservación de la Ley 468-A y que el artículo 9 de la Ley 3424-A, referido a la media nacional, se aplique a todo el personal y no solo a los Magistrados.
También pide que se garantice la participación sindical en las próximas discusiones salariales y que se investigue el accionar del Tribunal Ad Hoc por un presunto conflicto de intereses.