Milei despidió a 12 trabajadores civiles de la Quinta de Olivos y la Casa Militar toma el control de la residencia
La versión oficial habla de seguridad y de la visita del papa León XIV, pero trascendieron otros motivos: filtraciones de información, gastos millonarios y malestar interno.
El presidente Javier Milei decidió apartar al personal civil que trabajaba en la Quinta de Olivos y dejar la residencia presidencial bajo el control de la Casa Militar. El Gobierno confirmó 12 despidos, mientras que otros empleados serán reubicados en distintas dependencias del Estado.
La medida implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, el área que se ocupaba del funcionamiento de la Quinta. El traspaso de responsabilidades y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.
En la versión oficial, difundida por voceros de Casa Rosada, el cambio busca reforzar la seguridad del Presidente ante lo que definieron como un aumento de la inseguridad a nivel global. También lo vincularon con la visita del papa León XIV, prevista para noviembre, que requerirá el ingreso de personal externo.
El Gobierno agregó que la decisión permitirá achicar la estructura y la cantidad de personal. Así, la Casa Militar, conducida por el general de brigada Sebastián Ibáñez, sumará a la custodia la conducción de tareas como la cocina, la limpieza y la atención de mesa.
Según explicaron, no todas esas tareas quedarán en manos de militares, pero quienes trabajen cerca del Presidente lo harán bajo las órdenes de esa fuerza. Personas que conocen el funcionamiento de Olivos señalaron que desde la vuelta de la democracia no había antecedentes de un cambio así.
Las cifras que circularon en un primer momento fueron distintas: el gremio ATE habló de diez despedidos y otras versiones de cerca de veinte, hasta que el Gobierno confirmó que fueron 12.
Lo que no explica el comunicado
La explicación oficial dejó preguntas sin responder. Consultados por Infobae, los voceros no dijeron por qué la medida no se extendió a otros lugares donde trabaja el Presidente, como la Casa Rosada, ni por qué es permanente si la visita del Papa es un hecho puntual.
Además, aunque el comunicado no lo menciona, fuentes oficiales admitieron que el motivo de fondo de los despidos fueron filtraciones de información sobre lo que ocurre dentro de la residencia. En el entorno de Milei también reconocieron malestar por algunos movimientos internos.
Por fuera de lo oficial, trascendieron otras versiones. Según La Política Online, Milei se enfureció por la filtración de una compra de 29 toneladas de carne por unos $500 millones para el Presidente y sus funcionarios, y por la intoxicación de uno de sus perros, que habría tomado como un intento de envenenamiento.
Desde el Gobierno negaron el episodio de los perros. En cambio, dirigentes que tratan a diario con el Presidente dejaron entrever ante Página/12 que los gastos en Olivos podrían estar detrás de la decisión: aseguraron que no quieren «jardineros que se vuelvan millonarios».
La reorganización también dejó afuera a Osvaldo Javier Sosa, intendente de la Quinta y cuñado de Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y mano derecha de Karina Milei. Según LPO, familiares de Agudiez usaban la residencia para eventos como cumpleaños y asados.
De acuerdo con ese mismo portal, el Presidente sentía que perdía la intimidad que buscaba tener en Olivos, y el episodio con su perro terminó de desatar la crisis con el personal.
Desde ATE, el titular de la seccional Capital, Daniel Catalano, rechazó los despidos. Aseguró que los trabajadores se presentaron a sus puestos como cualquier día y no pudieron cumplir sus tareas, sin recibir ninguna explicación, y anticipó que el gremio dará pelea contra la medida.
La denuncia por la licitación
Los gastos en la residencia ya estaban bajo la lupa de la Justicia federal. La diputada Marcela Pagano denunció que Karina Milei firmó una licitación de $700 millones para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, que habría estado direccionada.
Según la legisladora, las dos empresas que se presentaron, La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, pertenecen al mismo grupo económico, algo que consta en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Pagano también planteó un posible vínculo familiar entre el empresario Franco Castelli y Agudiez.
En mayo, el fiscal federal Ramiro González le pidió al juez Sebastián Ramos que solicitara al Gobierno el expediente completo de esa licitación.