Paro de 72 hs y nueva Marcha Federal Universitaria
Los docentes paran del miércoles al viernes y el 15 de octubre la comunidad universitaria vuelve a la calle para exigir que el Gobierno cumpla la ley de financiamiento.
Los docentes de las universidades nacionales de todo el país harán un paro de 72 horas, del miércoles 30 de septiembre al viernes 2 de octubre.
Es la antesala de la 5ta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre. La marcha volverá a reunir a docentes, no docentes, estudiantes y rectores, junto con gremios y otros sectores que acompañan el reclamo.
La convocan el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores.
En la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), la adhesión fue confirmada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNNE (ADIUNNE). El gremio integra la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), una de las dos federaciones que convocan.
El plenario de CONADU Histórica resolvió un paro total de actividades y lo hizo coincidir con el de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). Esa federación ya había anunciado una medida de hasta 72 horas a partir del mismo miércoles.
El reclamo central es que el Gobierno de Javier Milei cumpla la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Según los gremios, eso implica una suba pendiente del 33,4% sobre los últimos sueldos cobrados, más la inflación de los meses posteriores.
Una medida cautelar es una orden judicial provisoria, que obliga a cumplir algo mientras se resuelve el fondo de la causa. En este caso alcanza a los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
La fecha elegida no es casual. El 21 de septiembre, el Juez federal Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Gobierno a cumplir la cautelar en un plazo de cinco días. Consideró que todavía no había un cumplimiento total.
Si el Gobierno no cumple, el magistrado advirtió que podrá aplicar multas por cada día de demora. De acuerdo con los gremios, ese plazo vence justamente el miércoles 30, el mismo día en que arranca el paro.
Desde CONADU aclararon que la medida solo se levantaría si el Gobierno aplica la recomposición del 33,4% antes del martes 29.
Cómo llegó el conflicto hasta acá
La Ley 27.795 fue sancionada el 2 de octubre de 2025, cuando el Congreso insistió con la norma tras el veto presidencial. Pero el Ejecutivo, a través del decreto 759/2025, condicionó su aplicación a que se definieran las fuentes de financiamiento.
Según los gremios, desde entonces ya suman más de 330 días de incumplimiento. En diciembre de 2025, ante un amparo colectivo presentado por el CIN y varias universidades nacionales, Cormick dictó la cautelar que hoy está en discusión.
Esa decisión fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Quedó firme en junio de 2026, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso del Gobierno.
Ese mismo mes, la Secretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios firmaron un acta que fijó una recomposición de la masa salarial del 24,33%. También incluyó un 20% más para gastos de funcionamiento y mayores partidas para hospitales universitarios y becas.
Con ese acuerdo en la mano, el Gobierno pidió que se levantara la cautelar. El 1 de septiembre, Cormick lo rechazó al entender que el Estado no había demostrado una solución definitiva para la caída de los salarios.
La negociación paritaria volvió a trabarse el 17 de septiembre. El Ejecutivo ofreció un 3% adicional, los gremios lo rechazaron por insuficiente y el Gobierno anticipó que igual lo aplicaría.
En la Casa Rosada sostienen que ese aumento forma parte del cumplimiento de la medida judicial y que la cautelar ya fue acatada. Por eso, apelarán la intimación de Cormick ante la Cámara y evalúan pedir que sus efectos queden suspendidos mientras se revisa el caso.
Según trascendió, el oficialismo también buscaría una salida política en el debate del Presupuesto 2027. La idea sería revisar la partida universitaria y acordar un punto intermedio con los rectores y los bloques aliados.