Segundo fallo contra la baja de imputabilidad: una jueza porteña declaró inconstitucional la ley
Laura De Marinis sobreseyó a un chico de 14 años acusado de intentar robar un celular. Es el segundo fallo contra la Ley 27.801 desde que entró en vigencia.
La jueza Laura De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801, el nuevo Régimen Penal Juvenil, y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.
Ese artículo es el que define el alcance de la ley: establece que el régimen penal se aplica a los adolescentes desde los 14 años. La norma, sancionada en febrero y vigente desde el 5 de septiembre, bajó la edad de imputabilidad, que antes era de 16 años.
La causa comenzó el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes intentó quitarle el celular a un hombre de 47 años. La víctima escapó, pidió ayuda a un policía de la Ciudad y los jóvenes fueron detenidos en el momento. La Fiscalía calificó el hecho como tentativa de robo.
El planteo de inconstitucionalidad lo presentó la Defensa Oficial, y la jueza lo aceptó solo para este caso: el fallo no suspende la ley en la Ciudad ni alcanza a otras causas. Además, rechazó un pedido de incompetencia de su juzgado y declaró que el chico es no punible.
Para De Marinis, aplicar la nueva ley en este caso es regresivo. Según explicó, antes de que la norma entrara en vigencia, el Estado hacía responsable al adolescente pero no lo perseguía penalmente, sino que le daba intervención al sistema de protección integral de derechos.
«Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia», escribió la magistrada en los fundamentos. Aclaró, de todos modos, que no pretende «romantizar la infracción penal juvenil».
Es el segundo pronunciamiento judicial contra la ley en menos de un mes. A comienzos de septiembre, la jueza Marta Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, había ordenado suspenderla por 60 días en la provincia de Buenos Aires.
La reacción del oficialismo
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que pedirá el juicio político de la jueza. En un mensaje en la red social X, afirmó que «esta sentencia está manchada de sangre» y apuntó contra los «jueces garantistas defensores de delincuentes».
En la misma línea, sostuvo que «la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito». Luego, en una entrevista, dijo que la jueza «se extralimita» y que la ley le ofrecía otras herramientas, como tareas comunitarias o tratamientos.
La senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), que impulsó la reforma cuando era ministra de Seguridad, también cuestionó el fallo. Según publicó, hay jueces «más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas».
En tanto, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, calificó la resolución de «lamentable» y la definió como «un disparate» durante una entrevista televisiva.
UNICEF y la Iglesia, en contra de la baja
La discusión va más allá de este expediente. UNICEF sostiene que la justicia juvenil debe apuntar a la prevención antes que al castigo, y que el encierro tiene que quedar solo para los casos más graves y excepcionales, por el menor tiempo posible, como marca la Convención sobre los Derechos del Niño.
El organismo promueve medidas alternativas y prácticas restaurativas para que los adolescentes reparen el daño causado a las víctimas y a la comunidad, junto con políticas de educación, salud y recreación que los alejen del delito.
La Iglesia Católica también rechazó la baja de la edad de imputabilidad. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sostuvo que la medida no reduce el delito y que los menores de 16 años deberían quedar bajo la órbita de la justicia de Familia y de los sistemas de protección de derechos.
En el Congreso, el presidente de Cáritas, monseñor Carlos Tissera, advirtió que el castigo penal no resuelve el problema de fondo y reclamó atacar sus causas: el avance del narcotráfico, el consumo de drogas a edades cada vez más tempranas y la falta de oportunidades.
La Pastoral Judicial, por su parte, alertó que el Estado no cuenta en las provincias con la infraestructura ni el presupuesto necesarios para alojar a adolescentes sin violar convenios internacionales.
Por ahora, cada fallo alcanza solo al caso que resuelve. Pero con dos juzgados que ya cuestionaron la ley en su primer mes de vigencia, la discusión de fondo sobre su constitucionalidad podría terminar, tarde o temprano, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.