Tras seis años, comienza el juicio a diez policías por el ataque a jóvenes qom en Fontana
Uno de los casos de violencia institucional de mayor repercusión en la provincia llega a juicio el martes 22 de septiembre en Resistencia. Los efectivos están acusados por allanamiento ilegal, vejaciones agravadas y otros delitos.
Después de más de seis años, llega a juicio uno de los casos de violencia institucional de mayor repercusión en el Chaco: el ataque denunciado contra jóvenes de la comunidad Qom durante un operativo policial en el barrio Banderas Argentinas de Fontana.
Diez policías serán juzgados desde el martes 22 de septiembre, a las 7.30, en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. El caso generó reclamos de organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas, y cuenta con la participación de Amnistía Internacional Argentina.
El tribunal estará integrado por los jueces Dolly Fernández, como presidenta, Cristina Pisarello y Ernesto Azcona. La acusación estará a cargo del fiscal de Derechos Humanos Luciano Santos.
Las audiencias continuarán los días 23, 24, 29 y 30 de septiembre, siempre desde las 7.30.
La cobertura periodística tendrá una restricción por las dimensiones de la sala. Periodistas y medios podrán ingresar minutos antes del comienzo para tomar fotografías y videos, pero después deberán retirarse y no podrán permanecer durante las audiencias. Lo mismo ocurrirá el día de la lectura de la sentencia.
El Área de Prensa del Poder Judicial informó que proporcionará fotografías, inserts y una gacetilla sobre el inicio del juicio.
Qué se juzga
La causa, identificada como expediente 12.386/2020-1, investiga lo ocurrido en la madrugada del 31 de mayo de 2020, alrededor de las 4.30, durante un operativo policial en el barrio Banderas Argentinas.
Según la acusación, los efectivos ingresaron sin orden judicial a la vivienda, donde había una mujer con sus hijos, cuatro de ellos menores de edad. Allí habrían sometido a golpes y otros actos de violencia a jóvenes de la comunidad Qom, entre ellos una adolescente.
La investigación sostiene que las agresiones continuaron en la Comisaría Tercera de Fontana, adonde fueron trasladadas las víctimas y donde permanecieron detenidas. Allí también denunciaron insultos racistas y discriminatorios.
Entre las pruebas que se analizarán hay registros audiovisuales del procedimiento y grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaría. También declararán las víctimas, testigos y personas que filmaron el operativo.
Los diez acusados llegan al juicio con imputaciones distintas, según la participación que se les atribuye. Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González están acusados por vejaciones agravadas.
Cristian Omar Benítez, Cristian Ariel Flores y Orlando Sergio Martín Cabrera enfrentan cargos por allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones agravadas.
Cristian Eduardo Foschiatti está imputado por allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, falsedad ideológica agravada y detención ilegal, todo en concurso real. Sebastián Alberto Vallejos enfrenta cargos por vejaciones en concurso real con falsedad ideológica agravada.
Claudia Beatriz Lucena está acusada por encubrimiento agravado en concurso real con detención ilegal cometida por un funcionario público. Según Diario Norte, la acusación se vincula, entre otros puntos, con la detención de una adolescente de 16 años y con la presunta omisión de denunciar las vejaciones ocurridas en la dependencia.
La situación de Lucena generó además cuestionamientos por su carrera policial. Según documentación a la que accedió la revista Litigio, el gobernador Leandro Zdero dispuso su ascenso de comisario inspector a comisario mayor mediante el Decreto 974/25, firmado el 13 de junio de 2025, con el proceso judicial en curso. La medida fue cuestionada porque el reglamento de promociones policiales establece restricciones para ascender a agentes sometidos a procesos judiciales.
Los diez policías llegan al debate amparados por el principio de inocencia y solo podrán ser considerados responsables si así lo determina una sentencia firme.
Quiénes intervienen
Como querellantes participan la Secretaría de Derechos Humanos y Género, representada por Maximiliano Almirón, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, representado por Guillermo Cuellar.
También interviene la defensora oficial N° 14, Karina Paz, en representación de Celeste Daiana Fernández, Cristian Rodolfo Fernández, Alejandro Delio Saravia, Rebeca Griselda Garay y Elsa Fernández.
Amnistía Internacional Argentina participa como amicus curiae, con la representación de Mariela Belski y el patrocinio letrado de Farid Iván Antúnez Percíncula. La traducción durante el proceso estará a cargo de Yolanda González.
La vicepresidenta del Comité Provincial contra la Tortura, Romina Duarte, expresó su esperanza de que las pruebas se evalúen con perspectiva de derechos humanos y teniendo en cuenta el origen de las víctimas, integrantes de una población vulnerable del pueblo Qom.