Tras el fallo por las tierras, el debate de la Ley Malvinas terminó a los gritos
El primer plenario por el proyecto se cortó por manotazos e insultos entre Grabois y libertarios. Pese al escándalo, el oficialismo quiere firmar dictamen el martes.
El primer plenario de Diputados sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, terminó antes de tiempo el miércoles entre gritos, insultos y manotazos, por tres cruces entre el Diputado Juan Grabois y legisladores de La Libertad Avanza (LLA).
El plenario arrancó con el clima caldeado. Un día antes, la Corte Suprema había dejado sin efecto la cautelar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata sostenía contra el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales.
Con ese fallo volvieron a caer, en los hechos, los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. La oposición usó esa contradicción contra el Gobierno, que buscaba poner en el centro del debate la soberanía territorial sobre Malvinas.
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El plenario reunía a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, las tres presididas por libertarios, y estaba previsto como una ronda informativa con funcionarios de segunda línea del Gobierno nacional.
El primer choque se dio durante la exposición de la Diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, que arrancó fuerte: «Nadie les puede creer que les interesa las Malvinas cuando están entregando el continente».
También cuestionó que los 133 artículos del proyecto no nombren ni una vez al Reino Unido. Mientras hablaba, el Diputado libertario santacruceño Jairo Guzmán la hostigaba desde su lugar.
Grabois se levantó, cruzó la sala y fue a encararlo: hubo manotazos entre ambos mientras otros legisladores intentaban separarlos. Enseguida, el Diputado tucumano Gerardo Huesen, también de LLA, empezó a gritarle desde otro sector y lo llamó «enano».
Grabois lo desafió a repetirlo y Huesen redobló con un «cagón». Los Diputados Agustín Rossi, Eduardo Valdés y el libertario Álvaro Martínez tuvieron que intervenir para separarlos.
En medio del forcejeo, Grabois trató a los libertarios de «manga de chorros», «vendepatrias» y «coimeros», entre otros insultos, y les gritó que «tienen la Corte comprada», en alusión al fallo del martes.
El tercer cruce terminó de cortar la reunión. Cuando Grabois tomó la palabra, la Diputada Juliana Santillán le reprochó que estuviera leyendo su discurso. «No estoy leyendo, tontita», le contestó, y ante el repudio agregó: «No la estoy insultando, la estoy describiendo».
Entonces, el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, le apagó el micrófono. «Dejá de apagarme el micrófono, facho de mierda», reaccionó Grabois. Zapata se retiró y la Vicepresidenta del plenario, Agustina Propato, intentó seguir con la reunión.
Sin embargo, al cortarse la transmisión oficial, el bloque peronista también se fue. Quedaron 15 diputados anotados para hablar, la mayoría de Unión por la Patria, que no pudieron fijar postura en esta primera ronda.
Por su parte, la Corte defendió el fallo en un comunicado: sostuvo que solo resolvió un aspecto procesal, aclaró que no fijó postura sobre el fondo del tema y cuestionó los «discursos de odio y descalificación» en las redes sociales.
Pese al escándalo, el oficialismo no piensa frenar el tratamiento. Para el martes 6 de octubre prevé una segunda reunión informativa en la que buscará firmar el dictamen de comisión, el paso previo para que el proyecto llegue al recinto.
La fecha de la sesión todavía no está definida. Primero trascendió el miércoles 7 de octubre, pero después del plenario ganó fuerza el 21 de octubre, cuando el oficialismo también buscaría aprobar la nueva ley de Discapacidad y el proyecto sobre morosidad crediticia.
Qué propone el proyecto
La iniciativa, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 17 de septiembre, tiene 133 artículos en ocho capítulos. En su eje central, deroga la Ley 26.659, que castigaba la explotación petrolera ilegal en Malvinas, y la reemplaza por un régimen de sanciones más amplio.
Ese régimen ya no se limita a los hidrocarburos: alcanza a cualquier recurso natural, renovable o no, de la plataforma continental y el Atlántico Sur. Prevé prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para quienes los exploten sin autorización argentina.
Además, las personas y empresas sancionadas podrían quedar impedidas de operar en el país, de contratar con el Estado y de acceder a beneficios fiscales y previsionales.
El proyecto también crea un Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo de Seguridad Nacional que integrarían el Presidente, el Jefe de Gabinete, los Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el Secretario de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.
Lo defendieron la Subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Nación, Paula Tadei, y el Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija. Ninguno de los que integrarían el Consejo fue, y la oposición lo calificó como una «afrenta al Congreso».
Ante la pregunta de por qué el texto no nombra al Reino Unido, Tadei respondió que todos sus títulos apuntan a defender la soberanía y que no hacía falta mencionar al adversario.
Sobre el Consejo, sostuvo que «hay mucha confusión» y que apunta a coordinar funciones del Estado ante amenazas extranjeras.
Los cuestionamientos al proyecto
Incluso desde un espacio aliado hubo reparos. El Diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo, advirtió que el proyecto habilita al Presidente o al Ministro de Defensa a ordenar el derribo de un avión o el hundimiento de un buque hostil sin pasar por el Congreso.
Para Falcone, eso choca con la Constitución en lo referido a actos de guerra. El planteo derivó en un cruce público con el Asesor presidencial Santiago Caputo, que defendió la iniciativa y sostuvo que esas facultades no deben leerse solo bajo la hipótesis de un conflicto entre Estados.
El Diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunció que la iniciativa le quita al Congreso la intervención en las autorizaciones militares y se la da en exclusiva al Poder Ejecutivo «de una manera totalmente discrecional y peligrosa».
Rossi, en tanto, cuestionó la integración del Consejo y remarcó que la Secretaría Legal y Técnica está hoy a cargo de María Ibarzábal Murphy, abogada de estrecho vínculo con Caputo.
También advirtió que un artículo que habilita la colaboración con «socios y aliados» en seguridad nacional deja abierta la puerta a que las Fuerzas Armadas argentinas sean convocadas a conflictos de Estados Unidos o Israel.
El Diputado peronista Eduardo Valdés fue más allá y sostuvo que el verdadero objetivo del proyecto es «controlar a los opositores».